Múltiples noticias han conmocionado las redes sociales y la participación ciudadana. HidroAysen, el caso KODAMA, el proyecto postnatal, entre otras, han ensombrecido la aprobación de un proyecto relevante para el mundo agrícola nacional. El proyecto de ley de Protección de Obtenciones Vegetales, enmarcada en varios convenios internacionales y acuerdos de libre comercio, busca proteger, a través del patentamiento, innovadores y científicos que creen nuevos cultivares a través del cruzamiento genético de líneas con distintas características.
El espíritu de la ley busca proteger los derechos económicos por un período definido de tiempo, incentivando a empresas, instituciones y científicos, a emprender en el desarrollo de nuevos programas genéticos que obtengan nuevos cultivares con nuevas características como mayores rendimientos, resistencias a sequías, plagas y otras restricciones. Esta protección consiste en otorgar el derecho económico sobre las semillas o plantas desarrolladas al dueño de la patente, el cual gozaría de un beneficio económico por la utilización de terceros, los productores.
Lo anterior sin dudas incentiva una economía de innovación al disminuir el efecto "Free Rider" de agentes que hoy reproducen indiscriminadamente los cultivares desarrollados. Además, este proyecto beneficia a la cadena productiva, pues al incorporar nuevas tecnologías e insumos más eficientes, mejora los rendimientos y calidades de sus productos. Sin embargo esta ley, al carecer de un paquete de instrumentos de mitigación de impactos económicos, perjudica a un sector importante de la agricultura, hoy postrado y con poco acceso a la economía moderna; este sector es conocido como la agricultura familiar campesina.
Precisamente esta ley, si bien beneficia la obtención de mejores rendimientos, calidades estandarizadas, la incorporación de nuevos terrenos hoy limitados por sequías o heladas, y la diversificación de alimentos, también encarece los costos de producción, en algunos casos hasta en un 50 o 60%.
Por ejemplo, si consideramos que hoy, sin esta ley en operación, muchas explotaciones agrícolas de pequeño tamaño, tradicionales y aisladas del mercado convencional, no cuentan con el capital de trabajo necesario para acceder a paquetes tecnológicos, mucho menos lo tendrán ahora que el costo de las semillas se espera encarezca en un 20 o 30%.
De esta forma, esta política es positiva pero incompleta. Faltan, a mi juicio, herramientas de apoyo que complemente esta ley. En Chile poco sea discutido sobre el desarrollo de financiamiento rural, popular en países como India, Estados Unidos, y varios países asiáticos. Este tipo de sistemas disminuye el costo de capital y mejora el acceso al capital, mejorando entonces las posibilidades de adquirir en un futuro la semilla hoy protegida con patente.
Otra opción podría ser la ampliación y mejora de los paquetes tecnológicos y las líneas de crédito de Indap, ampliando su cobertura y mejorando la transferencia tecnológica, vinculando a las empresas e instituciones de desarrollo con la pequeña agricultura.
En resumen, la ley es positiva pues incentiva la economía de la innovación, pero también encarece las estructuras de costos de las explotaciones agrícolas. Hay algunas de ellas que podrán seguir adquiriendo semillas que, a través de un mejor rendimiento y calidad, terminarán obteniendo una adecuada rentabilidad económicamente, pero hay un mundo rural denominado agricultura familiar campesina, que hoy no tiene el acceso, y menos lo tendrá mañana cuando la semilla encarezca su costo producto de las patentes. De esta forma, este proyecto de ley, al carecer del complemento de herramientas que mitiguen el impacto, sólo terminará acrecentando la brecha de desigualdad presente en la sociedad chilena y en el campo chileno.
